El pasado 21 de Enero se
difundió la noticia de que el Gobierno prepara una Ley que dejará la gestión de
los barcos hundidos en manos de la Armada, generando esto un fuerte rechazo en
el sector.
«Las operaciones de explotación, rastreo, localización y extracción de
buques de Estado españoles naufragados o hundidos requerirán autorización de la
Armada, que ostenta competencias plenas para su protección». Este texto, el de
la discordia, corresponde al artículo 382.2 del anteproyecto de Ley de
Navegación Marítima, que deja en manos de la Armada la gestión de los barcos
hundidos y los tesoros que pudieran contener. A día de hoy, las competencias
son del Ministerio de Cultura, pero en Galicia están transferidas a la
Consellería de Educación e Cultura.
El anteproyecto ha puesto en pie de guerra a los arqueólogos submarinos,
que no están de acuerdo con que sea una entidad militar la que decida en qué
casos se puede investigar y quiénes deben hacerlo.
«No tiene sentido que la Armada intervenga en la gestión del patrimonio
cultural. Entre otras cosas, porque carece de personal cualificado para
hacerlo», argumenta Miguel San Claudio, arqueólogo subacuático y responsable de
la firma Archeonauta. Agrega que «solo países del tercer mundo hacen esto, pero
ninguno de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido».
San Claudio considera que la entrada de la Armada puede interpretarse como
«la incapacidad de España y de Galicia para gestionar su propio patrimonio
cultural submarino». En Galicia, prosigue, «está completamente abandonado, sin
un organismo específico que lo controle». Esto es «muy llamativo» por tratarse
de «una de las áreas con mayor riqueza del mundo». Un bien patrimonial que «no
se gestiona» y que podría dar lugar «al mejor museo de historia marítima del
planeta».
Xavier Nieto, exdirector del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, va
más allá cuando pone de relieve una contradicción entre la nueva norma y la Ley
de Patrimonio Histórico, que «confiere a las instituciones culturales la
protección y el estudio de los pecios». Por eso cree que «lo primero que pasará
con la nueva ley es que algunas autonomías presentarán recursos de
inconstitucionalidad».
Para los arqueólogos supondría «un retroceso importante en los trabajos de
investigación», y por eso cree Nieto que es preciso «que el texto normativo
distinga con claridad entre la tarea de evitar el expolio y la decisión de
quiénes y cómo deben realizar los trabajos y las investigaciones», pues han de
estar en manos «de arqueólogos y técnicos en patrimonio cultural».
Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por La Voz de Galicia
manifestaron que «es prematuro» evaluar «algo que todavía no ha sido aprobado,
que se va a debatir en el Congreso» y que, por tanto, «podría cambiar». Con
todo, recuerdan que el texto precisa que habrá «colaboración con los técnicos
de Patrimonio». «En cualquier caso, la Armada hará lo que le manden», concluyen
las citadas fuentes. Este periódico consultó también sobre el asunto a la
Consellería de Cultura, pero sin obtener respuesta alguna por el momento.
Fuente: La Voz de Galicia
